De acuerdo a lo que señala el último párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo indicado en los artículos 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de lo dispuesto en el artículo 91, párrafo 4, de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Baja California, y los artículos 32 y 46 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, están obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las secretarías o su respectivo Órgano Interno de Control, todas las personas servidoras públicas, es decir, todas aquellas que desempeñen un empleo cargo o comisión dentro de la Secretaría de Educación y del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California.